Geraldo Vidigal, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Ámsterdam, ha emitido un dictamen jurídico en el que concluye que la reforma del Reglamento de Ciberseguridad de la UE (CSA2), propuesta por la Comisión Europea, podría ser incompatible con varias obligaciones fundamentales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A su juicio, el mecanismo previsto en la reforma establece un trato discriminatorio hacia los proveedores tecnológicos de terceros países frente a las empresas europeas.
El dictamen, emitido el 8 de septiembre y solicitado por el bufete internacional VVGB Advocaten, analiza el mecanismo de “seguridad de las cadenas de suministro” incluido en la propuesta presentada por Bruselas en enero. Este permitiría a la Comisión designar empresas extracomunitarias como “proveedores de alto riesgo” e incluso considerar países enteros como un riesgo para las cadenas de suministro TIC.
Esta calificación implicaría restricciones de amplio alcance, como excluir determinados componentes de redes móviles, fijas y por satélite y retirar los ya instalados; impedir la participación en contratación pública o proyectos financiados por la UE; y retirar certificados europeos de ciberseguridad. Las medidas podrían extenderse además a activos TIC esenciales de los 18 sectores considerados críticos por la legislación comunitaria.
Vidigal sitúa el principal problema jurídico en que el mecanismo no se aplicaría a empresas establecidas y controladas íntegramente en la UE. “En lugar de reforzar los controles sobre todos los productos tecnológicos, el enfoque propuesto por la Comisión excluye a los proveedores de terceros países de los mercados clave de la UE”, sostiene.
Según el dictamen, este trato diferenciado podría vulnerar los principios de nación más favorecida y trato nacional previstos por el GATT, además de compromisos relativos al comercio de servicios, la inversión, el acceso al mercado y los procedimientos de certificación y normalización. Asimismo, Vidigal advierte de una creciente “securitización” de las relaciones económicas internacionales que, en su opinión, puede poner en cuestión el marco jurídico que ha sustentado el comercio mundial durante las últimas décadas.
REFORMA
Las conclusiones de Vidigal se suman a otras críticas a distintos aspectos de la CSA2 desde los ámbitos empresarial y jurídico. Desde el sector, GSMA y Connect Europe han advertido recientemente de que una sustitución a gran escala de equipos de proveedores considerados de riesgo podría elevar los costes y afectar a la calidad y disponibilidad de las redes. En una declaración firmada por 17 CEOs de operadores europeos, las compañías han reclamado un enfoque proporcional y basado en riesgos, al considerar que las obligaciones generales de retirada de equipos podrían reducir la capacidad de inversión del sector en infraestructuras como fibra, 5G y 6G.
Connect Europe estima que los operadores más afectados podrían necesitar entre siete y diez años para completar la sustitución, mientras que su informe recoge una estimación de GSMA de entre 30.000 y 40.000 millones de euros para reemplazar todos los equipos de proveedores chinos en las redes europeas. El análisis apunta además a posibles efectos sobre precios, capacidad de negociación e innovación.
En el ámbito jurídico, José Luís da Cruz Vilaça, expresidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha cuestionado la base jurídica utilizada por la Comisión al considerar que la reforma afecta a cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, una competencia reservada a los Estados miembros. Por su parte, Santiago González-Varas Ibáñez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, ha advertido de la “alta discrecionalidad” que podría derivarse del uso de criterios no técnicos para identificar proveedores de alto riesgo.
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