Las comunidades piden acción inmediata al Gobierno
La Comunitat Valenciana y Andalucía han solicitado al Gobierno de España que actúe ante la Unión Europea para activar urgentemente las cláusulas de salvaguarda que protegen al sector arrocero. Esta demanda surge a raíz del impacto negativo que las importaciones de arroz de Camboya y Myanmar están generando en la producción local.
Mediante una carta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ambas comunidades han expresado su inquietud, instando a utilizar mecanismos excepcionales existentes antes de que entre en funcionamiento el nuevo sistema automático de salvaguarda en 2027.
El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, destacó la necesidad de actuar inmediatamente para evitar que el mercado español sufra daños severos. “Las importaciones en condiciones preferenciales están provocando un desplome en el mercado”, advirtió Barrachina, subrayando la urgencia de la situación.
Además, en la misiva se proponen otras iniciativas para mejorar la competitividad del sector, como un etiquetado claro que indique el país de origen y la aplicación de las mismas normativas ambientales y de seguridad alimentaria a los productos importados. También se sugiere una mejor gestión de los tratamientos fitosanitarios y un impulso al uso de drones en la agricultura.
Transparencia y agilidad en la gestión
Barrachina enfatizó la necesidad de que el consumidor pueda identificar fácilmente el origen del arroz. “Es inaceptable que la única referencia geográfica sea ‘envasado en España’ cuando puede no contener arroz español”, afirmó. El conseller también urgió a mejorar la capacidad de respuesta a plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, solicitando un procesamiento más rápido de las autorizaciones necesarias.
Un enfoque para la pesca mediterránea
En la reunión del Consejo Consultivo de Política Pesquera, Barrachina insistió en la necesidad de una normativa adaptada a las particularidades de la flota artesanal del Mediterráneo. Reclamó más días de pesca y un marco regulatorio más estable que permita al sector planificar su futuro sin sobresaltos anuales.
“No podemos jugar con la viabilidad de nuestras empresas pesqueras cada diciembre”, afirmó. La Generalitat apoya las gestiones para introducir flexibilidad en la regulación pesquera, asegurando que estas decisiones deben basarse en evidencia científica y en la real evolución de los recursos.
Por último, concluyó que los objetivos de proteger el Mediterráneo y de apoyar a los pescadores no son excluyentes, y que es fundamental encontrar un equilibrio que permita la continuidad de la actividad económica en esta región.
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