Compromiso del Gobierno Valenciano con la Inclusión
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ratificó el compromiso del Gobierno Valenciano en pro de la inclusión y los derechos de las personas sordas durante su reciente visita a la sede de la Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (FESORD) en València. La consellera estuvo acompañada por representantes de la entidad y tuvo la oportunidad de conocer los programas que se llevan a cabo para fomentar la autonomía, el acceso al empleo y la igualdad de oportunidades para este colectivo.
Albalat enfatizó que la labor de FESORD es fundamental para asegurar la autonomía de las personas sordas en la región. Durante su recorrido, observó los diversos servicios que ofrecen, incluyendo el Servicio de Atención a Personas Sordas y el Centro de Desarrollo y Atención Temprana, el cual proporciona apoyo a familias con hijos sordos, promoviendo un enfoque positivo sobre la pérdida auditiva.
Inversión en Igualdad de Oportunidades
La consellera subrayó la importancia de la atención temprana, resaltando que esta es clave para prevenir desigualdades futuras y para que los niños y niñas desarrollen todo su potencial. También destacó servicios de empleo específicos como Col·loca’ls y los programas de mediación sociolaboral, que son vitales para la inclusión laboral.
Albalat recordó que el contrato para la interpretación y mediación en lengua de signos, adjudicado a FESORD, asciende a 871.363 euros por dos años, lo que garantiza la estabilidad de este esencial servicio para las personas sordas, sordociegas y oyentes en diversos ámbitos como el sanitario y educativo.
Aumento del Apoyo Económico
Asimismo, se anunció un aumento significativo en la financiación de la Fundación Fesord, que se eleva a cerca de 151.583 euros en 2025, en comparación con los 129.097 euros del año anterior, lo que refuerza el compromiso del Gobierno en apoyar programas de intervención y campañas de sensibilización.
Finalmente, la consellera elogió la labor de FESORD como un socio esencial para las políticas públicas, destacando su contribución directa a la vida de las personas sordas y sus familias.
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