Investigan a una funcionaria de Paterna por viajar al extranjero durante su baja médica
El Ayuntamiento de Paterna ha abierto una investigación interna para esclarecer un posible caso de conducta irregular por parte de una de sus funcionarias, después de que el consistorio detectara, a través de publicaciones en redes sociales, que la trabajadora habría realizado dos viajes al extranjero mientras se encontraba de baja médica. Las escapadas, según ha podido confirmar este medio, tuvieron como destino París y Costa Rica, y fueron compartidas públicamente por la propia empleada en su perfil personal.
Viajes compartidos en redes
En plena era digital, donde la exposición personal es moneda corriente, las redes sociales han acabado desempeñando un papel inesperado en el control de la disciplina laboral. En este caso, las imágenes publicadas en plataformas sociales han servido como punto de partida para que el consistorio inicie una investigación sobre la legalidad de estos desplazamientos internacionales realizados por la funcionaria municipal mientras disfrutaba de una incapacidad temporal concedida el pasado mes de febrero.
La funcionaria se reincorporó a su puesto de trabajo este mismo lunes, momento en el cual se le solicitó por parte del Ayuntamiento que aportase la documentación correspondiente que autorizara los viajes realizados durante el periodo de baja médica.
Según establece la normativa vigente, un funcionario público puede salir del país durante una baja por enfermedad, siempre que cuente con la autorización expresa de la Seguridad Social o de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), en función del régimen al que pertenezca. Esta autorización tiene por objetivo garantizar que el desplazamiento no interfiere con la recuperación del empleado y que no se incurre en un uso indebido de los recursos públicos.
Sin embargo, según fuentes municipales, la trabajadora no solo no había solicitado dicha autorización, sino que tampoco había comunicado al consistorio su intención de viajar fuera del país mientras se encontraba en situación de baja. Esta omisión podría suponer una vulneración del régimen disciplinario que rige para el personal al servicio de la administración pública, lo que podría derivar, si se confirma la irregularidad, en una sanción de carácter grave.
Una conducta en entredicho
Desde el Ayuntamiento de Paterna han calificado la posible actuación de la funcionaria como “una conducta poco ejemplar” y “contraria a los principios de ética y responsabilidad que deben regir la función pública”. En un comunicado, han subrayado que este tipo de comportamientos afectan negativamente a la imagen de la plantilla municipal, compuesta en su mayoría por trabajadores que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones. “No vamos a permitir que un caso aislado perjudique la percepción pública de la labor que desempeñan nuestros empleados”, han señalado fuentes del consistorio.
En este sentido, el consistorio recuerda que los funcionarios públicos están sujetos a un código ético que incluye el deber de mantener una conducta acorde con los valores del servicio a la ciudadanía, incluso fuera del horario laboral o durante periodos de incapacidad. El respeto a la legalidad y el uso responsable de los derechos reconocidos por la ley forman parte de este compromiso institucional.
Por el momento, no se ha iniciado formalmente un expediente disciplinario, aunque el Ayuntamiento no descarta hacerlo en función del resultado de las indagaciones internas. La investigación se encuentra en una fase preliminar, centrada en recopilar toda la documentación relacionada con la baja médica, los posibles permisos solicitados y la actividad registrada en redes sociales durante ese periodo.
El caso ha generado cierto revuelo entre los propios empleados municipales, que ven con preocupación cómo un episodio aislado puede empañar la percepción del trabajo que desempeñan miles de funcionarios públicos. “La confianza en la administración es un pilar fundamental del servicio público”, señalan fuentes sindicales, “y no puede verse debilitada por actuaciones que, de confirmarse, suponen una falta de respeto a la legalidad y al compromiso con la ciudadanía”.
Este episodio también ha reabierto el debate sobre el uso de las redes sociales por parte de los empleados públicos, y hasta qué punto estas pueden ser utilizadas como herramienta de control o supervisión por parte de las administraciones. Aunque no existen límites legales claros, lo cierto es que la publicación voluntaria de información puede tener consecuencias laborales si se considera que entra en contradicción con el estado administrativo o médico del trabajador.
Por ahora, el Ayuntamiento mantiene su postura de máxima cautela y respeto al procedimiento, pero con la firme intención de esclarecer los hechos y aplicar, si corresponde, las medidas necesarias para salvaguardar la ética en la gestión pública.
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