AP institute considera decisiva la regulación estatal de los grupos de interés

– Cree que un registro estatal público y obligatorio de lobbies supone un “paso decisivo” para reconocer, profesionalizar y dotar de mayor transparencia a la actividad

AP institute celebró este martes la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley que regula la actividad de los grupos de interés ante la Administración General del Estado y que contempla la creación de un registro estatal público y obligatorio de lobbies.

Para esta institución académica especializada en asuntos públicos, la norma representa “un avance largamente esperado en España”. “La regulación permitirá identificar a quienes tratan de influir legítimamente en las decisiones públicas, conocer los intereses que representan y establecer un marco de relación más transparente entre los grupos de interés y los responsables públicos”, dijo.

El nuevo registro, que debe obtener el respaldo del Congreso de los Diputados, será gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, incluirá a empresas, organizaciones sociales, entidades y profesionales que desarrollen actividades de influencia ante la Administración General del Estado. La norma entiende como actividad de influencia cualquier comunicación directa o indirecta dirigida a incidir en la toma de decisiones públicas, el diseño de políticas o la elaboración y modificación de proyectos normativos.

AP institute confió en que el Parlamento convalide el Real Decreto-ley y adujo que es necesario que su posterior desarrollo “garantice un registro accesible y operativo, procedimientos proporcionados y mecanismos eficaces de control”.

“La aprobación de esta regulación es una buena noticia para la democracia y también para todos los profesionales que ejercen los asuntos públicos con rigor. El lobby es una forma legítima de participación en la vida pública que debe desarrollarse con transparencia, trazabilidad y unas reglas claras para todos y todas”, afirmó el presidente de AP institute, Joan Navarro.

A su juicio, la norma contribuirá a superar algunos de los prejuicios que todavía rodean a la actividad de influencia y a reconocer su aportación a la elaboración de mejores políticas públicas. Empresas, organizaciones sociales, asociaciones sectoriales y otros actores trasladan a las instituciones conocimiento especializado, datos y propuestas que enriquecen los procesos de decisión. La regulación permitirá que esa participación sea más visible, ordenada y responsable.

“Esta ley no solo regula una profesión en auge, también la legitima y eleva sus estándares. A partir de ahora será todavía más importante contar con profesionales cualificados, capaces de combinar estrategia, conocimiento institucional, ética y cumplimiento normativo. La transparencia no limita los asuntos públicos, al contrario, los fortalece y protege su reputación”, añadió.

La defensa de unos asuntos públicos profesionales, éticos y transparentes forma parte del ADN de AP institute, según destacó en un comunicado. Sus programas académicos incorporan de manera transversal la integridad, la transparencia, el cumplimiento normativo y la responsabilidad en las relaciones entre los sectores público y privado.

Para la institución, el nuevo marco deberá ir acompañado de formación especializada y de cultura profesional. Por ello, AP institute se ofreció a las administraciones, las organizaciones profesionales y la sociedad civil para contribuir al desarrollo de una cultura de influencia responsable y transparente.