El pulso entre el Ayuntamiento de Paterna y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda entra en una nueva fase. El consistorio ha abierto un procedimiento sancionador contra el IVASS por seguir ocupando la Residencia de Diversidad Funcional y Centro de Día de la carretera de Manises pese a que la cesión del inmueble fue revocada meses atrás.
El decreto municipal, firmado el pasado 7 de agosto por la alcaldesa en funciones, Eva Pérez, concede al Institut Valencià d’Acció Social i Sanitat un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones, reconocer voluntariamente su responsabilidad o proponer las pruebas que considere oportunas.
El Ayuntamiento sostiene que el organismo autonómico continúa ocupando un edificio municipal sin autorización ni título habilitante después de que quedara extinguida la cesión que permitía su uso. Si la situación se mantiene, el expediente advierte de que la infracción podría acabar con una sanción económica de hasta un millón de euros.
La cuantía final, en cualquier caso, no está fijada de antemano. El propio decreto señala que deberá graduarse atendiendo a factores como los posibles daños causados, el valor del inmueble, la reiteración de la conducta o el grado de responsabilidad que finalmente se determine.
El origen del conflicto está en el uso de un inmueble que fue construido hace aproximadamente dos décadas de forma conjunta por el Ayuntamiento de Paterna y la Diputación de València. El proyecto contemplaba 38 plazas residenciales y otras 64 en el centro de día para personas con diversidad funcional.
El gobierno municipal considera que esa finalidad nunca llegó a cumplirse en los términos comprometidos. Durante estos años, el edificio ha funcionado como recurso asistencial para distintos colectivos y ha acogido, entre otros, a menores, personas mayores y refugiados procedentes de Ucrania. Para el consistorio, el problema no está en la atención prestada a estos colectivos, sino en que el recurso especializado previsto originalmente para las personas con diversidad funcional de Paterna no llegó a consolidarse.
La tensión institucional viene de lejos. En julio de 2025, el pleno municipal aprobó iniciar la reversión del inmueble al considerar que se habían incumplido parcialmente las condiciones de la cesión. También acordó reincorporarlo al Registro de la Propiedad y al Inventario Municipal de Bienes.
La Conselleria presentó posteriormente un recurso de reposición contra aquel acuerdo, pero el pleno de Paterna lo rechazó el 11 de mayo de 2026. En esa misma sesión se acordó solicitar formalmente a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública la reversión del inmueble cedido en 2021, al entender que se habían incumplido tanto los plazos como la finalidad prevista.
Pese a esa decisión, el IVASS sigue ocupando las instalaciones. Esa permanencia es la que ahora ha llevado al Ayuntamiento a abrir el procedimiento sancionador, apoyándose en la normativa estatal sobre patrimonio de las administraciones públicas, que contempla como infracción grave la retención de bienes de dominio público una vez extinguido el título que permite ocuparlos.
Desde el gobierno local insisten en que la disputa no pretende cuestionar el trabajo asistencial realizado en el edificio, sino recuperar un inmueble que consideran que no ha cumplido durante años la finalidad para la que fue impulsado. En el pleno de mayo, el ejecutivo municipal defendió que mantener esta situación suponía una injusticia para las familias de Paterna que esperaban disponer de un recurso residencial especializado.
El Ayuntamiento considera que, después de dos décadas y de una inversión pública importante, el edificio debería responder al objetivo original con el que fue proyectado. La apertura del expediente y el plazo concedido al IVASS elevan ahora la presión sobre la Generalitat y sitúan el conflicto en un escenario mucho más serio que el de los últimos meses.
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