Marián Cano solicita al Gobierno la eliminación del Registro de Viajeros tras advertencias de Bruselas sobre la protección de datos

Marián Cano exige la retirada del Registro de Viajeros por violaciones de protección de datos

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha instado al Gobierno central a eliminar inmediatamente el sistema de Registro de Viajeros. Esta demanda surge a raíz del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, que considera que el sistema actual infringe las normativas de protección de datos de la UE.

La Comisión Europea ha cuestionado al Ministerio del Interior sobre la normativa que obliga a las plataformas de alojamiento y empresas de alquiler a recopilar y transmitir una cantidad excesiva de información a una base de datos centralizada. Entre los datos solicitados se incluyen información de pago y localización, así como un periodo de conservación de tres años, condiciones que Bruselas califica de desproporcionadas.

“Este expediente confirma las advertencias de la Generalitat y del sector turístico sobre una norma que no solo es desproporcionada, sino que también impone una carga burocrática innecesaria”, destacó Cano. Además, la consellera subrayó que no es aceptable que el sector turístico asuma el papel de extensión de la Administración pública, recogiendo datos que exceden lo razonable y que Europa ha considerado incompatibles con la legislación comunitaria.

Cano hizo hincapié en la necesidad de escuchar las voces del sector empresarial y evaluar el impacto real de las decisiones normativas en un ámbito tan estratégico como el turismo para la economía nacional y regional. “Desde el inicio advertimos que este sistema generaría más incertidumbre y complicaciones burocráticas para las empresas del sector”, agregó.

Finalmente, la consellera hizo un llamado al Gobierno central para que actúe con urgencia y abra un diálogo real con las comunidades autónomas y los representantes del sector, con el fin de diseñar un sistema que sea proporcional, viable y que respete el marco europeo. “Es tiempo de corregir esta regulación, simplificar los procesos y proporcionar una seguridad jurídica que beneficie a las empresas turísticas”, concluyó.