La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Costas, ha presentado oficialmente sus alegaciones al anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas, que está siendo impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo principal de estas alegaciones es asegurar la seguridad jurídica y establecer un equilibrio adecuado entre la protección del litoral y el desarrollo sostenible.
Marc García Manzana, director general de Costas, ha indicado que el Ministerio parece reacio a modificar la ley de Costas, a pesar de que es un requerimiento consensuado entre las comunidades autónomas. Una de las principales controversias radica en el método para determinar el límite del dominio público marítimo-terrestre, donde el anteproyecto sugiere utilizar como referencia un solo episodio de temporal, algo que la Generalitat critica al considerar que debería basarse en registros más prolongados y representativos.
García Manzana ha manifestado que esta propuesta de reglamento no solo introduce cambios que a su parecer son inapropiados, sino que además, vulnera principios fundamentales de jerarquía normativa al afectar a aspectos que deberían ser regulados mediante una reforma de la Ley de Costas de 1988.
Las alegaciones también enfatizan la necesidad de incorporar una gestión integral de los sedimentos en las cuencas hidrográficas para mitigar la regresión costera, un fenómeno que se ha visto intensificado en años recientes. Se propone que la administración estatal esté activa en los planes hidrológicos y que se permita el uso de sedimentos aluviales atrapados para reforzar la costa.
Otro aspecto crucial de las alegaciones es la necesidad de establecer criterios objetivos para las concesiones y evitar modificaciones retroactivas que comprometan derechos adquiridos. García Manzana argumenta que cualquier cambio en la normativa debe respetar los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica.
El Consell también aboga por reforzar la cooperación entre administraciones y el reconocimiento de los paseos marítimos como límites de la ribera del mar, buscando así una gestión más eficaz y colaborativa del litoral valenciano.
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