Paterna, en el radar de un clan familiar de tráfico de droga

La investigación destapa un entramado con pisos vigilados, uso de menores y una red de puntos de venta para esquivar controles policiales

Una operación policial desarrollada en el entorno de Valencia ha permitido desarticular una red familiar dedicada al tráfico de drogas que extendía su actividad por varias localidades. La actuación se ha saldado con una docena de detenidos y la incautación de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y diverso material relacionado con la actividad ilícita.

Red familiar

Según ha informado la Policía Nacional, los arrestados son doce personas, entre ellas un menor de edad, con edades comprendidas entre los 17 y los 72 años. Se trata de cinco hombres y siete mujeres, varios de ellos con antecedentes policiales, que formaban parte de un mismo clan familiar asentado principalmente en Mislata.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, permitió constatar que la red no solo operaba en esta localidad, sino que también extendía su actividad a otros puntos cercanos como Paterna y Paiporta, configurando un entramado con varios focos de actuación.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de los tres principales investigados, considerados piezas clave dentro de la estructura del grupo.

Métodos ocultos

El grupo utilizaba diferentes inmuebles como puntos de venta y almacenamiento de la droga con el objetivo de reducir riesgos y dificultar la acción policial. Entre las sustancias intervenidas destacan 650 gramos de cocaína y cerca de 100 gramos de hachís, además de más de 15.000 euros en efectivo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el uso de sistemas de videovigilancia por parte del principal sospechoso, que controlaba en todo momento los movimientos en los puntos de venta. Además, empleaba a menores para ocultar la droga y recurría a identidades de terceros para formalizar contratos de alquiler de los inmuebles utilizados.

La operación culminó a finales de febrero con el registro de siete viviendas, un local abierto al público, un trastero y un garaje. En estos espacios se intervinieron también 35 teléfonos móviles y cinco navajas automáticas, así como se procedió al bloqueo de ocho cuentas bancarias y una propiedad vinculada a los beneficios obtenidos por la actividad delictiva.