La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente ha formalizado sus alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas propuestas buscan una mayor seguridad jurídica, la implementación de criterios técnicos objetivos y la armonización entre la protección ambiental y el desarrollo económico sostenible del litoral.
El director general de Costas, Marc García Manzana, afirmó que es crucial que se revise la Ley de Costas de 1988. Sin embargo, si el Ministerio prosigue con la modificación, destaca la necesidad de que esta priorice la seguridad jurídica, sobre todo en lo que respecta a los deslindes, alegando que no se puede ampliar el dominio público marítimo terrestre por eventos extraordinarios de oleaje.
García Manzana también subrayó la importancia de alcanzar un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico, así como el respeto a las tradiciones locales. Resaltó que modificar el reglamento requiere una colaboración directa con las comunidades autónomas, dado que la Generalitat conoció la propuesta de manera indirecta.
En relación con el recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto el Gobierno contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, García Manzana expresó su inquietud, indicando que esta ley protege enclaves con patrimonio singular. Además, argumentó que las actuaciones de regeneración del litoral ayudan a prevenir deslindes riesgosos para comunidades costeras.
En sus alegaciones, la Generalitat solicita que se garantice la seguridad jurídica en deslindes y que un solo episodio extraordinario no implique la ampliación automática del dominio público. Es fundamental para ellos también la gestión de sedimentos y la regulación de concesiones mediante criterios objetivos.
Con estas acciones, la Generalitat reafirma su compromiso de colaborar con el Gobierno y de garantizar un marco normativo que satisfaga las necesidades del litoral valenciano, equilibrando así los derechos de los ocupantes y el interés público.
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