La Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón han decidido implementar acciones para evitar el cierre de cajeros automáticos en las áreas rurales con baja densidad poblacional. Este asunto ha surgido debido a la finalización de un contrato, surgido de la administración anterior, que no permite prórroga.
Durante una reunión con Marta Barrachina, presidenta de la Diputación, el secreto autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat,informaron sobre las medidas que se están adoptando para contrarrestar el impacto de la despoblación en esos municipios.
Gil declaró que “la Generalitat es la que interviene para preservar estos servicios esenciales para los ciudadanos de las zonas rurales”, subrayando la importancia de mantener el acceso a servicios financieros. Actualmente, se han instalado 135 cajeros automáticos gestionados por Caixabank en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana, beneficiando a aproximadamente 73.000 personas.
El Gobierno de Valencia tiene planes de implementar nuevas líneas de actuación y financiamiento para asegurar la continuidad del servicio. En este sentido, ya se ha comenzado a comunicar a los ayuntamientos sobre el fin del contrato actual y las medidas que se tomarán para continuar brindando este servicio vital para la población.
Finalmente, Carlos Gil hizo un llamado al Gobierno central para que asuma su responsabilidad y ofrezca los recursos necesarios para apoyar a estas comunidades, enfatizando que la situación es un problema extendido en toda España.
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