Aflora la operación de OCU y L’Oreal para perjudicar los fotoprotectores de Isdin.
Una serie de acontecimientos que inicialmente parecían no tener relación han terminado por revelar lo que sería una estrategia común entre L’Oréal —una de las multinacionales más potentes del sector cosmético— y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), destinada a perjudicar a la firma española Isdin, referente nacional en productos de protección solar.
Esta presunta maniobra coordinada ha salido a la luz gracias a documentación interna y comunicaciones filtradas, según han informado Crónica Global y otros medios.
Un conflicto que arranca en 2018
La disputa entre ambas entidades comenzó en 2018. Ese año, L’Oréal, con Nicolas Hieronimus al frente a nivel internacional, presentó una queja ante el organismo español de autorregulación publicitaria, Autocontrol. La acusación apuntaba a que uno de los fotoprotectores de Isdin no alcanzaba la eficacia publicitada. Aunque la denuncia fue finalmente rechazada, puso de manifiesto la influencia de L’Oréal en dicho organismo, dado que su secretario general en España, Javier López Zafra, ostenta también la vicepresidencia de Autocontrol.
Campañas reiteradas de la OCU
Por su parte, en 2019, la OCU —presidida por Miguel Ángel Feito— lanzó una campaña crítica contra otro producto de Isdin. Esa iniciativa fue replicada en varios países europeos por organizaciones de consumidores. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se vio obligada a intervenir y emitir un comunicado defendiendo la seguridad de los productos de la marca catalana.
Desde entonces, la OCU ha mantenido una postura de constante cuestionamiento hacia Isdin en sus estudios comparativos de fotoprotectores. Estas críticas se intensificaron especialmente en 2024 y 2025. Como respuesta, la empresa española interpuso una demanda judicial por competencia desleal, alegando falta de rigor científico y parcialidad en los análisis de la OCU. A raíz de esta acción, un juzgado habría prohibido provisionalmente a la organización incluir productos de Isdin en sus informes mientras se resuelve el caso.
Revelaciones con alcance global
Durante el verano de 2025, EscudoDigital y Crónica Global publicaron una serie de correos electrónicos que datan de 2019 y que habrían sido intercambiados entre representantes legales de L’Oréal y la OCU. Estos mensajes apuntarían a la existencia de una colaboración tácita orientada a dañar la imagen pública de Isdin.
Según esa información, la compañía francesa habría proporcionado recursos y datos a la OCU para apoyar sus campañas críticas. Además, la ofensiva contra Isdin habría trascendido fronteras: en Francia, la farmacéutica Pierre Fabre también emprendió acciones legales contra la marca española en 2020.
Movimientos en Latinoamérica
En México, según reveló El Confidencial, L’Oréal habría intentado persuadir al Gobierno para que ordenara la retirada de productos de Isdin, sin éxito. Por otro lado, en Perú, la retirada de artículos de la marca catalana en distintas cadenas farmacéuticas provocó inquietud entre los clientes y generó reacciones en redes sociales.
Este entramado ha abierto un debate sobre los límites éticos en la competencia empresarial, la función que cumplen las asociaciones de consumidores y la necesidad de exigir mayor transparencia a los grandes grupos económicos. Pese a la presión, Isdin ha logrado mantenerse firme, respaldado por decisiones judiciales y la posición de organismos oficiales.
Un modelo empresarial bajo lupa
El periodista Carlos Díaz Güell ya abordó en su libro L’Oréal: Le Roi c’est Moi cómo el gigante francés ha cimentado su supremacía en el mercado de la cosmética mediante estrategias de presión sobre instituciones, influencia regulatoria y acciones encubiertas de descrédito contra empresas emergentes, como la que hoy enfrenta Isdin.
Según su tesis, L’Oréal no solo lidera por tamaño y recursos, sino que actúa como actor de poder informal, valiéndose de entidades externas como asociaciones de consumidores o plataformas de autorregulación para minar a la competencia sin asumir responsabilidades directas.
Las acusaciones de Facua contra la OCU
Facua-Consumidores en Acción, una organización que defiende los derechos de los consumidores en España, ha denunciado repetidamente a la OCU por supuestamente funcionar como una entidad comercial encubierta. Desde su perspectiva, este modelo contraviene la legislación vigente y pone en entredicho la independencia que se espera de una asociación de este tipo.
De acuerdo con Facua, la OCU no opera como una organización sin ánimo de lucro, sino que forma parte de Euroconsumers, un grupo empresarial con sede en Bruselas y dirigido por Antonio Balhanas. Esta red incluye a otras entidades como Test-Achats (Bélgica), Altroconsumo (Italia), Deco Proteste (Portugal) y Proteste (Brasil), y funciona como un conglomerado que actúa de manera coordinada en defensa aparente del consumidor, pero con fines claramente comerciales.
Prácticas cuestionadas por Facua
Entre las actuaciones atribuidas a la OCU que Facua considera irregulares, destacan:
- Acuerdos con ánimo de lucro: Entre 2018 y 2023, la OCU habría suscrito hasta 47 convenios de carácter comercial que están siendo investigados por el Ministerio de Consumo. Estos acuerdos permitirían a la organización cobrar comisiones por promover servicios como kits solares, cursos de idiomas o tarifas eléctricas, en posible conflicto con su rol como entidad neutral.
- Publicidad disfrazada: La OCU habría recomendado productos de empresas como Robinsun o Vaughan, recibiendo un pago por cada unidad vendida o alumno captado, lo que desvirtúa la objetividad que se le presupone.
- Subastas colectivas poco claras: En campañas energéticas, como la realizada con Octopus Energy, la OCU habría cobrado cerca de 440.000 euros en 2023 tras captar 24.000 clientes, sin informar adecuadamente a los consumidores sobre su relación contractual con la comercializadora.
- Metodología dudosa en estudios comparativos: Facua acusa a la OCU de emplear métodos poco transparentes y con posible sesgo en sus informes, como ocurrió en el caso de Isdin, que motivó una demanda por competencia desleal. La AEMPS tuvo que intervenir en 2019 para respaldar públicamente la calidad de los productos.
- Falta de notificación a las autoridades: La organización no habría reportado todos sus convenios con empresas al Registro de Asociaciones, lo que incumpliría la legislación sobre transparencia.
- Campañas colectivas incumplidas: En iniciativas como la del dieselgate, la OCU habría ofrecido compensaciones a los afectados que acabaron sustituyéndose por descuentos o suscripciones, según Facua, lo que supondría un incumplimiento de las promesas iniciales.
Un modelo en entredicho
Facua considera que la OCU ha sobrepasado los límites aceptables al actuar como comisionista de grandes empresas mientras se presenta como un actor imparcial. La asociación reclama una mayor supervisión y separación clara entre actividades comerciales y representativas para evitar que este tipo de entidades se conviertan en plataformas mercantiles con apariencia de defensa ciudadana.