La justicia, al servicio de los sénior en una sociedad que envejece

La seguridad jurídica de los sénior, un tema prioritario para una España cada vez más longeva

Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado: “Los pactos asistenciales convivenciales pueden dar más seguridad jurídica a los mayores e instamos al legislador a regularlos”.

Manuel Olmedo, Secretario de Estado de Justicia: “Nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar contemplando el cambio demográfico”.

Fernando Ónega, presidente de 65YMÁS: “En un contexto de profundo cambio demográfico, la seguridad jurídica de los sénior adquiere un papel esencial”.

Raimundo Fortuñy, director general de Fundación Notariado: “Los sénior tienen un trato preferente en nuestras notarías”.

Madrid, 27 de junio. El aumento de la longevidad es uno de los mayores triunfos de la humanidad, pero también uno de los desafíos más apasionantes a los que nos enfrentamos. España es uno de los países más afectados por esta tendencia demográfica, con proyecciones que indican que, para el año 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más.

Ante este escenario, la Justicia y el Derecho juegan un papel fundamental para garantizar los derechos y el bienestar de las personas mayores. Sobre este tema ha versado la jornada ‘Seguridad jurídica de los sénior’, organizada por Fundación Notariado y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid.

El acto ha contado con la presencia destacada de la presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; del Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; del presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega; y del director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy.

En el evento, presentado por la directora de 65YMÁS, Ana Bedia, se ha organizado asimismo una mesa redonda sobre los derechos y obligaciones jurídicas de los sénior, la importancia de la formación y los recursos existentes a su alcance para garantizar su seguridad. Han intervenido Ma Isabel Louro García, notaria de Orense y Patrona de Fundación Notariado; Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS y presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE). El debate ha sido conducido por Javier García Pérez, experto en longevidad con una amplia trayectoria profesional vinculada a las personas mayores.

Concepción Pilar Barrio Del Olmo ha destacado que “los notarios podemos desempeñar un papel clave para la seguridad jurídica de los mayores. Nuestro contacto diario con las personas nos permite conocer sus problemas: les escuchamos, les asesoramos y les proponemos soluciones. Por ejemplo, los pactos asistenciales, que afectan a la convivencia de las personas y en muchos casos responden a una situación de necesidad de una de las partes. Esto puede generar situaciones de vulnerabilidad, de ahí que debamos darles seguridad jurídica y que instemos al legislador a regular esta materia. En todo caso, hasta que estén regulados en Derecho Civil común, consideramos que pueden pactarse en escritura pública en garantía de la seguridad jurídica e información de nuestros mayores”.

En conversación con Fernando Ónega, el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha reconocido que “nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar” para adaptarse al cambio demográfico. Ha afirmado que estas reformas deben ampliar derechos, garantizar la seguridad jurídica y mejorar la accesibilidad a la Justicia. Ha destacado la importancia de la Ley orgánica 1/2025: “Es la primera vez que se recoge expresamente la necesidad de hacer ajustes cuando un procedimiento lo hace una persona mayor”. También ha mencionado instrumentos jurídicos como testamentos, poderes preventivos y autotutela, recomendando no postergar su uso. Ha llamado a los mayores a “cuidarse y protegerse” y ha recordado que tienen “muchas herramientas a su alcance” y el derecho de exigir “ese cuidado” por parte de la administración.

Fernando Ónega ha subrayado que “en un contexto de profundo cambio demográfico, la seguridad jurídica de los sénior adquiere un papel esencial”, y que el colectivo notarial, junto con las instituciones, desempeña una función clave. Ha valorado los avances en protección de los mayores vulnerables y ha insistido en hacer la justicia accesible para todos los sénior.

Raimundo Fortuñy ha señalado que la vejez no debe considerarse una etapa de vulnerabilidad y ha destacado el papel preventivo de los notarios ante abusos, reivindicando “el no documento” cuando detectan irregularidades. Ha puesto en valor que “los sénior tienen un trato preferente en nuestras notarías” y ha enumerado instrumentos disponibles como testamentos, cesiones de bienes a cambio de cuidados, hipotecas inversas, poderes preventivos o voluntades anticipadas.

Seguridad jurídica de los sénior

Durante la mesa redonda, moderada por Javier García Pérez, la notaria Ma Isabel Louro García abordó los principales desafíos que enfrenta el colectivo sénior en materia de seguridad jurídica. Recalcó la importancia del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas, así como la proximidad del notariado como garantía de derechos. “Cualquier persona que se acerque a una notaría tiene que contar con la certeza de que vamos a realizar un asesoramiento individualizado”, afirmó.

La directora general Ester Pérez Jerez afirmó que tener más de 65 años no implica pérdida de derechos y que “la seguridad jurídica de los mayores está garantizada”. Instó a hacer uso del decálogo de instrumentos jurídicos disponibles para planificar su futuro con seguridad y destacó la necesidad de coordinación entre notarios y Justicia para prevenir abusos. “La justicia se está centrando en la persona, con sus circunstancias personales, y va a ser plenamente accesible”, señaló.

Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS y presidente de CEATE, pidió a las instituciones cambiar la mirada sobre la vejez, alejándola de una visión de pérdida o carencia. Reclamó especial atención jurídica a la vida cotidiana de los mayores, mejorando el lenguaje, el reconocimiento y la información sobre testamentos, últimas voluntades, etc. Finalmente, instó a la administración a reducir los plazos de gestión.